Manuel Muñoz Navarrete
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres “expertos en la materia”: Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 (“¿Quién participa en ellas” [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: “Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios”. Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 (“El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS”) y 24 (“Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas”). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27'5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios”. Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? “¿Se privatiza la educación? De ningún modo”.
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” [COM (2002) 779] o “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación” [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un “enfoque de asociación con las empresas y los particulares”. Además, hay que “concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados”.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la “reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”.
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.-La introducción de competitividad en los servicios “públicos” subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas “declaraciones de Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”. ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas; y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc.
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre “libertad de expresión” de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son “normas obligatorias”, pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: “Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado”. Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 (“¿Es posible que se establezca una prórroga?”), a lo que se responde lacónica y autoritariamente “No”. Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: “¿Sería posible una paralización?”, a lo que responden “Es posible, pero sería un error”.
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: “¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios” (64) o ¿”Se aumentarán las becas? Sería conveniente” (87) o “¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado” (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el “no” de antes o con el ofendido “de ningún modo” que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el “Informe Universidad 2000”, de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente:
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres “expertos en la materia”: Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 (“¿Quién participa en ellas” [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: “Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios”. Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 (“El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS”) y 24 (“Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas”). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27'5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios”. Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? “¿Se privatiza la educación? De ningún modo”.
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” [COM (2002) 779] o “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación” [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un “enfoque de asociación con las empresas y los particulares”. Además, hay que “concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados”.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la “reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”.
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.-La introducción de competitividad en los servicios “públicos” subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas “declaraciones de Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”. ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas; y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc.
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre “libertad de expresión” de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son “normas obligatorias”, pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: “Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado”. Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 (“¿Es posible que se establezca una prórroga?”), a lo que se responde lacónica y autoritariamente “No”. Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: “¿Sería posible una paralización?”, a lo que responden “Es posible, pero sería un error”.
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: “¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios” (64) o ¿”Se aumentarán las becas? Sería conveniente” (87) o “¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado” (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el “no” de antes o con el ofendido “de ningún modo” que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el “Informe Universidad 2000”, de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente:
Otra solución a este tipo de problema consiste en ofrecer un préstamo con devolución condicionada a la renta (o préstamo-renta). Por ejemplo, a partir del próximo curso, está previsto que el Reino Unido financie a sus estudiantes únicamente a través de préstamos-renta, eliminando totalmente las becas. (Pág. 271)Como tendencia general y según la experiencia internacional se recomienda, pues, la utilización prioritaria de las becas (...) en los primeros años. En cambio, en los ciclos posteriores se puede ofrecer ayuda financiera en forma, prioritariamente, de préstamos-renta. (Pág. 276)
Pues mire, señor Bricall, gracias por aclararnos que no es paranoia si de verdad te persiguen.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra la crisis “simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo”. ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es “la movilidad de estudiantes, titulados y profesores”. En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que “favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS”. Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que “debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema” y que, si a alguien no le ha quedado todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: “¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?” Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa?
Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra la crisis “simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo”. ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es “la movilidad de estudiantes, titulados y profesores”. En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que “favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS”. Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que “debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema” y que, si a alguien no le ha quedado todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: “¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?” Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa?
Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
